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#694 - Camino a un Estado Corporativo, 26-Apr-2000

Los gobiernos de los E.U.A. -el gobierno federal y los gobiernos
estatales y locales- gastan juntos más de un billón de dólares de los
contribuyentes por año. Eso es un millón de millones de dólares cada
año, lo que representa aproximadamente un sexto del total del Producto
Nacional Bruto de los E.U.A. Como quiera que se vea, es una enorme suma
de dinero [1].

Mucha gente preocupada por el deterioro de sus comunidades ha comenzado
a darse cuenta de que las adquisiciones del gobierno (frecuentemente
llamadas contrataciones públicas) tienen un gran potencial para
promover la sustentabilidad ambiental y social -un potencial que apenas
ha sido tocado.

Gastando el dinero estratégicamente, los gobiernos pueden:

** reducir los daños ambientales (por ejemplo) comprando materiales
reciclados; 48 de los 50 estados de los E.U.A. tienen leyes que les
ordenan a las agencias estatales que compren materiales reciclados [2].

** crear empleos en comunidades locales y fortalecer las economías
regionales al comprarle a las empresas locales;

** prestar ayuda a empresas pertenecientes a mujeres, a empresas
pertenecientes a minorías o a empresas que evitan el uso de productos
con los que se destruye el ambiente, tales como las maderas nobles
tropicales, los plásticos, los solventes clorados o los pesticidas
innecesarios;

** promover prácticas laborales justas. Docenas de ciudades y condados,
incluyendo Pittsburgh, Pa., Cleveland, Oh. y San Francisco, Ca. tienen
ordenanzas locales que prohiben la compra de productos manufacturados
en fábricas donde se explota a los trabajadores. De igual manera, dos
docenas de ciudades estadounidenses ahora les exigen a las compañías
que hacen negocios con la ciudad que les paguen a sus trabajadores
un "salario digno" [3].

** premiar a las empresas que adopten tecnologías innovadoras, tales
como la química sin cloro, la energía solar o los compuestos no tóxicos
para la limpieza.

Resumiendo, la política de adquisiciones del gobierno les ofrece a los
ciudadanos la oportunidad de hacer responsables ante los contribuyentes
tanto a los gobiernos como a las corporaciones. Los ciudadanos pueden
usar la política de adquisiciones del gobierno para llevar su economía
regional por un camino que con seguridad mejore su calidad de vida.
Poniéndolo de otra manera, las adquisiciones del gobierno les ofrecen a
los ciudadanos la oportunidad para imponer los valores humanos en su
economía local y regional.

Ahora, sin embargo, algunas de estas leyes estadounidenses han sido
declaradas ilegales por la Organización Mundial del Comercio (OMC), con
sede en Suiza, y ahora muchas leyes parecidas están siendo atacadas por
las corporaciones. Es evidente que el conjunto del poder corporativo de
Japón, Europa y los E.U.A. ahora está dirigido a poner la política de
adquisiciones del gobierno en la zona prohibida para la toma
democrática de decisiones.

A pesar de las protestas contra la OMC en Seattle el otoño pasado, la
OMC no ha cambiado de manera esencial. Es un nuevo y poderoso sistema
de gobierno mundial, diseñado y dirigido por abogados corporativos que
no son electos, no tienen que responder ante el pueblo que gobiernan y
toman decisiones a puertas cerradas. Sus decisiones deben ser acatadas
y sólo pueden ser apeladas una vez, a un tribunal de tres miembros
compuesto por otros burócratas de la OMC, quienes también son abogados
corporativos.

Para un historiador parece razonable concluir que la OMC y las
políticas de "libre comercio" para cuyo cumplimiento fue creada, son la
amenaza más directa a la democracia y a la soberanía popular desde la
aparición del estado corporativo bajo el nacionalsocialismo en Alemania
a finales de los años 30.

Los medios de comunicación corporativos estadounidenses describen el
propósito de la OMC como la "globalización" -un término tan vago que no
significa nada. Los medios de comunicación nunca lo dicen de manera
clara, pero la meta final de la OMC (y de las políticas de "libre
comercio" en general) es reducir el poder de los gobiernos y por lo
tanto reducir la capacidad de los gobiernos para influir el
comportamiento de las corporaciones transnacionales. La OMC se
instituyó como un foro en el cual las corporaciones transnacionales
pueden desafiar y revocar de manera efectiva las restricciones
impuestas sobre ellas por las naciones (o por los subgobiernos dentro
de las naciones). En otras palabras, más que la "globalización", el
propósito real de la OMC es la "corporatización global" -el aumento del
control corporativo sobre todas las naciones y economías del mundo.

Creada por un tratado internacional en 1995 y contando ahora con 134
naciones miembros (las naciones que no son miembros pueden ser
excluidas del comercio internacional), la OMC ha escrito 700 páginas de
reglamentos que constituyen un código comercial que debe respetarse y
que rige los mercados y el comercio en todo el mundo -un código que
debe ser cumplido no por las naciones-estados, sino por la misma OMC.
Una de aquellas reglas es el llamado Acuerdo sobre Contratación Pública
(Government Procurement Agreement, GPA) [4].

El GPA básicamente dice que los gobiernos pueden determinar parámetros
para el DESEMPEÑO de los materiales comprados, pero no pueden
determinar parámetros basados en los MÉTODOS DE PRODUCCION. Por esto,
las políticas de adquisiciones del gobierno no pueden discriminar
contra los materiales producidos por mano de obra infantil o esclava,
por ejemplo. De igual manera, exigir que los artículos sean fabricados
a partir de materiales reciclados estaría prohibido por el GPA.

De manera que el GPA proporciona otra manera para que las corporaciones
revoquen leyes que restrinjan sus libertades. Las corporaciones de la
Unión Europea, Canadá y Japón han estado quejándose por al menos una
década de que muchas leyes estadounidenses son "barreras ilegales al
comercio", significando barreras a la libertad corporativa [5]. Si
tales leyes pueden ser revocadas en los E.U.A., entonces pueden ser
revocadas en cualquier parte ya que los E.U.A. son el monstruo en la
OMC. Para evitar enfurecer al monstruo, las corporaciones extranjeras
han estado moviéndose con cuidado, buscando una oportunidad estratégica
para atacar. Ahora el GPA ha proporcionado una oportunidad para dar el
primer paso.

El asunto inmediato es el país llamado Myanmar, antes conocido como
Burma. Se sabe que la dictadura militar en Burma suprime la oposición
política, tortura y asesina a sus oponentes, utiliza a la población en
batallones de mano de obra esclava (a veces para trabajar para
corporaciones estadounidenses que han invertido fuertemente en Burma,
tales como Unocal) y generalmente viola los derechos humanos
universales [6, 7].

Tomando prestada una técnica que fue usada por 23 estados de los E.U.A.
en la lucha por terminar el apartheid en Suráfrica, una docena de
ciudades estadounidenses aprobaron ordenanzas locales en 1995-1996 que
le impedían al gobierno local hacer negocios con compañías que hacen
negocios en Burma. (Otras ciudades estadounidenses tienen leyes
parecidas con el propósito de castigar a dictadores en Nigeria, el
Tíbet, Indonesia y Cuba [8]). En 1996, el estado de Massachusetts
aprobó la "ley Burma" y esto llamó la atención de las corporaciones en
todo el mundo. (Aunque la GPA explícitamente obliga a los estados y no
obliga explícitamente a las municipalidades, se sabe que las leyes
municipales serán desafiadas según los reglamentos de la OMC. Por
ejemplo, cuando Maryland intentó aprobar una ley que impedía que el
gobierno estatal firmara ningún contrato con el gobierno de Nigeria o
con ninguna empresa que hiciera negocios en Nigeria, la administración
de Clinton se opuso a la legislación en testimonio ante la asamblea
legislativa de Maryland, diciendo: "Se considera que todas las
sanciones estatales Y LOCALES violan los reglamentos, ellas pueden
causar desacuerdos contraproducentes... Nos gustaría trabajar con
ustedes para asegurar que no nos expongamos a un desafío potencial de
la OMC" [9]).

En 1998, Japón y la Comunidad Europea (CE) introdujeron cada uno un
reclamo formal frente a la OMC buscando anular la ley Burma de
Massachusetts, basando su objeción en la Sección XIII.4(b) del GPA. Sin
embargo, un grupo de 550 corporaciones estadounidenses que se llaman a
sí mismas Consejo Nacional del Comercio Exterior (National Foreign
Trade Council) se les adelantaron y demandaron a Massachusetts en una
corte estatal, alegando que la Constitución le reserva las decisiones
de política extranjera a la Sección Ejecutiva del gobierno federal.
Como era de esperar, la administración de Clinton/Gore se puso del lado
de las corporaciones contra Massachusetts. La corte estatal y una corte
federal de apelaciones fallaron ambas en contra de Massachusetts.

"Si hubiese habido un fallo como ése hace una década", dijo Byron
Rushing, representante de Massachusetts, quien apoyó la ley de
Massachusetts, "Nelson Mandela seguiría estando en prisión hoy en día"
[10]. Ahora la Corte Suprema de los E.U.A. decidirá el punto. Sin
embargo, la Comunidad Europea y Japón han anunciado que, si la Corte
Suprema resuelve incorrectamente, le pedirán a la OMC que invalide el
veredicto de la Corte Suprema de los E.U.A. Los gobernantes
corporativos de Europa, Japón y los E.U.A. están de acuerdo en esto: el
público no tiene derecho para imponer parámetros morales sobre la
actividad económica. La economía no está sujeta al control democrático.
Estos gobernantes corporativos comenzaron la lucha a través del Acuerdo
sobre Contratación Pública, haciendo campañas para reducir los
vestigios de la democracia dondequiera que estén.

La buena nueva es que este asalto corporativo sobre la democracia
ofrece oportunidades sin precedentes para hacer que el público se
involucre. Casi todos pueden ver que los contribuyentes tienen el
derecho básico de gastar su dinero como deseen. Con una modesta
cantidad de información la gente puede ver las cosas buenas que pueden
salir de las políticas de adquisiciones del gobierno cuando están bien
diseñadas. Tales políticas le permiten a la gente mejorar sus economías
locales y regionales, mientras le devuelven la confianza en que el
gobierno puede servir a sus necesidades. Por último, el asalto de la
OMC sobre las adquisiciones del gobierno hace posible que la gente
entienda de qué tratan realmente el "libre comercio" y la OMC -la idea
realmente es eliminar los restos de soberanía popular y en su lugar
poner los elementos de un estado corporativo.

Así que esta campaña corporativa descarada nos ofrece a todos muchas
oportunidades para tomar la ofensiva, para reafirmar el control sobre
nuestras economías regionales.

Para recibir asistencia técnica legal en relación a las políticas de
adquisiciones del gobierno, contacte a Robert Sturmberg, Harrison
Institute for Public Law, Georgetown University Law Center, Washington,
D.C.; teléfono 202-662-9600. Ver
http://www.law.georgetown.edu/clinics/hi/ . Para mayor información
acerca de las mejores prácticas en las políticas de adquisiciones del
gobierno, póngase en contacto con Sustainable America, 42 Broadway,
Suite 1740, New York, NY 10004-1617; teléfono: 212-269-9550; ver
www.sustainableamerica.org .

--Peter Montague

=====

[1] Ralph Nader, Eleanor J. Lewis y Eric Weltman, "Shopping for
Innovation," AMERICAN PROSPECT No. 11 (Fall 1992), páginas
desconocidas. Disponible en: www.prospect.org/archives/11/11lewi.html .

[2] Sólo Alabama y Wyoming no tienen tales leyes. Ver: Alaska Stat.
36.30.337 (Michie 1998); Cal. Pub. Cont. Code 12310 (West 1998); Del.
Exec. Order 82 (1990); Fla. Stat. Ann. 287.045 (West 1998); Haw. Rev.
Stat. 103D-1005 (1997); 415 Ill. Comp. Stat. 20/3 (West 1998); Ind.
Code 5-22-15-16 (Michie 1998); Iowa Code Ann. 216B.3 (West 1997);
Kan. Stat. Ann. 75-3740b (1997); Ky. Rev. Stat. Ann. 45A.520 (Banks-
Baldwin 1998); La. Rev. Stat. Ann. 30:2415 (West 1998); Me. Rev. Stat.
Ann. tit. 5, 1812 (West 1997) (materiales reciclados diferentes del
papel); Md. Code Ann., State Fin. & Proc. 14-402 (1998); Minn. Stat.
Ann. 16B.121 (West 1998); Miss. Code Ann., 49-31-7 (1998); Mo. Ann.
Stat. 34.031 (West 1997) (materiales reciclados de desechos sólidos);
Mont. Code Ann. 75-10-806 (1997); Neb. Rev. St. 81-15,159 (Michie
1998); Nev. Rev. Stat. 386.417 (1997); N.H. Rev. Stat. Ann. 21-I:11
(1997); N.M. Stat. Ann. 13-1-135.1 (Michie 1998); N.Y. Pub. Auth. Law
2878- a (McKinney 1998); N.C. Gen. Stat. 130A-309.14 (1997); Ohio Rev.
Code. Ann. 125.082 (West 1998); Okla. Stat. Ann. tit. 74, 85.53 (West
1998); Or. Rev. Stat. 279.570 (1997); R.I. Gen. Laws 37-2-76 (1997);
S.C. Code Ann. 44-96-140 (1997) (materiales reciclados y reciclables);
S.D. Codified Laws 5-23-41 (Michie 1998); Tex. Health & Safety Code
361.426 (West 1998); Vt. Stat. Ann. tit. 3, App. Ch. 7, Exec. Order 24-
86 (materiales reciclados y embalajes sin despilfarro); Wash. Rev. Code
Ann. 43.19.A.005 (West 1998) W. Va. Code 20-11-7 (1998); Wis. Stat.
Ann. 16.72 (1998).

[3] Ver www.consumerscouncil.org/ccc/policy/amic2599.htm .

[4] El texto del Acuerdo sobre Contratación Pública está disponible en:
www.wto.org/wto/govt/agreem.htm .

[5] La última versión (de 63 páginas) del reclamo de la UE se encuentra
en formato PDF en: http://europa.eu.int/comm/trade/pdf/usrbt99.pdf .

[6] U.S. Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs,
REPORT ON LABOR PRACTICES IN BURMA (Washington, D.C.: U.S. Department
of Labor, September 1998). Disponible en:
www.dol.gov/dol/ilab/public/media/reports/ofr/burma/main.htm .

[7] David E. Sanger, "Unocal Signs Burmese Gas Deal; U.S. May Ban Such
Accords," NEW YORK TIMES February 1, 1997, pág. A4.

[8] Citado en Lori Wallach y Michelle Sforza, WHOSE TRADE ORGANIZATION?
CORPORATE GLOBALIZATION AND THE EROSION OF DEMOCRACY (Washington, D.C.:
Public Citizen, 1999), pág. 188.

[9] Linda Greenhouse, "Justices Weigh Issue of States' Making Foreign
Policy," NEW YORK TIMES March 23, 2000, pág. A20.

[10] Carey Goldberg, "Limiting a States's Sphere of Influence," NEW
YORK TIMES November 15, 1998, pág. A22.

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